Miles de personas repudiaron este jueves la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con una manifestación convocada por la principal central sindical argentina, la primera protesta contra la iniciativa polémica.
El proyecto de “modernización laboral”, que el Senado comenzó a discutir el miércoles, limita el derecho a huelga, reduce indemnizaciones y permite la jornada laboral de 12 horas, entre otros puntos considerados inaceptables por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Aunque el proyecto explícito que los cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.
Varios kilómetros de manifestantes, muchos identificados con camisetas de sindicatos y partidos políticos, se congregaron desde mediodía en la emblemática Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada.
“La reforma trata de que el compañero se pelee con el compañero de al lado”, criticó Julio Barroso, un empleado químico y delegado gremial de 51 años.
El proyecto busca “que los trabajadores pierdan fuerza colectiva para defenderse, fomentar el ‘sálvese quien pueda’ y emparejar para abajo”, dijo a la AFP entre carteles que rezaban “No hay paz sin pan ni trabajo”.
Jorge Solá, uno de los líderes de la poderosa CGT, prometió en un discurso convocar “un paro nacional en todo el país” si no se atienden las demandas de los trabajadores.
En una jornada de medios, la senadora Patricia Bullrich, presidenta de la comisión que analiza la reforma, anunció la suspensión del debate hasta febrero.
“Hemos escuchado a todos los actores, hablado con los distintos bloques, vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto y proponemos pasar el debate al 10 de febrero para poder analizar todos los pedidos que han llegado”, dijo.
El gobierno sostiene que los cambios dinaminarán el mercado de trabajo, que tiene a casi el 40% de su fuerza laboral en la informalidad en medio de una economía con signos de recesión.
También considera que la ley laboral actual es obsoleta y el principal obstáculo para la creación de empleos formales, y propone flexibilizar los contratos de trabajo y reducir cargas patronales.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo el miércoles que la ley actual “paraliza contrataciones” porque “hay temor de entrar en un mundo que resulta conflictivo”.
Pero para Pablo Ríos, un empleado de hospital de 44 años que acudió a la protesta, “esta ley que está pensada para el empresario o el dueño de la empresa, no va a funcionar”.
La CGT denunció en redes sociales que retenes policiales impiden el ingreso de caravanas de autobuses con manifestantes, con el fin de menguar la participación en la protesta.
