La propuesta reciente Delaware reforma legal enviado por el presidente Daniel Noboadenominada “Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD“ha encendido las alarmas en la administracion pública nacional. Calificado como un proyecto urgente en materia económica, el Ejecutivo justifique la medida bajo la necesidad de regular el gasto corriente y condicionar los presupuestos locales a límites estrictos y mayores control técnico.
Sin embargo, lo que se presenta como una búsqueda de eficiencia fiscal ha sido recibido por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como una declaración de guerra politica y administrativo.
el conflicto se da entre la autonomía frente al centralismo. Desde diversos sectores localesel rechazo es categórico. Se argumenta que el proyecto es inconstitucional por atentar directamente contra la autonomía de los GAD, consagrada en la Carta Magna. Además, se cuestiona su carácter de “urgente”, señalando que las medidas no tendrían una ejecución inmediatamente que justifique dicho tratamiento legislativo.
La preocupación más profunda radica en el acondicionamiento de los recursos. Los gobiernos locales sostienen que las asignaciones no pueden depender de criterios unilaterales del Gobierno Central, especialmente cuando existe una deuda estado millonaria pendiente. Para muchos, restringir el gasto mediante cambios en los distributivos de inversión no es más que un “ardid” para menoscabar la capacidad de obra pública en vísperas de comicios municipales.
La deuda pendiente anula la legitimidad de la medida. En este contexto, surge una cuestión fundamentales sobre la validez ética y técnica de la propuesta: no resulta legítima la presentación de un proyecto de decreto de esta naturaleza sin que se cumpla previamente con una etapa indispensable, como es el arreglo de la deuda millonaria que el Ejecutivo mantiene con los gobiernos locales. No es admisible establecer nuevos mecanismos coercitivos para el uso de los recursos —incluyendo nuevos referentes para calificar gastos corrientes y de inversión—mientras persista una deuda pendiente. Aceptar esta imposición bajo tales condiciones significaría legitimar una intención que, presumiblemente, responde a multas ajenos al bienestar técnico y financiero de las localidades.
Es necesario ir más allá del control contable, es decir, hacia una visión compartido. Es innegable que los mecanismos Delaware control del gasto son indispensables para evaluar el cumplimiento de los aviones de desarrollo. No obstante, el control no debe desviarse hacia lo meramente procedimental o contableni utilizado como un “castigo” ideológico contra sectores no alineados con el oficialismo.
La verdadera salida a esta pugna no reside en la imposiciónsino en la responsabilidad compartido. La descentralización y la autonomía no deben entenderse como autarquíapero tampoco la asignación Delaware fondos puede verse como una “dádiva” gubernamental.
el desafío actual es transitar hacia un modelo donde la planificación coordinada marítima. es imperativo que las políticas nacionales y locales guardián coherencia para maximizar beneficio y reducir los gastos no prioritarios y los desperdicios.
el control debe ser participativo; yoa evaluacion debe permitir un seguimiento conjunto que considera realidades externas, como retrasos por eventos catastróficosimpidiendo sanciones por criterios irrelevantes.
La asignación de los recursos debe basarse en objetivos. Los recursos deben fluir conforme al cumplimiento de metas concertadas y responsabilidad compartido en su uso, no solo por resultados contables aislados.
El país requiere estrategias gubernamentales que convoquen al apoyo nacionalen lugar de profundizar las brechas políticas. El control debe ser el justo y necesario, evitando multas soterradas de orden político. Solo mediante la definición de objetivos concertados y una participación activar entre el gobierno Central y los GAD se podrán garantizar que la obra publica y la inversión social lleguen efectivamente a los ciudadanos.
