Once militares de Ecuador fueron condenados a casi 35 años de cárcel cada uno por la desaparición forzada de cuatro menores, cuyos cuerpos luego fueron hallados calcinados en 2024, informó el lunes la Fiscalía general.
Según testimonios de familiares y vídeos, las víctimas de entre 11 y 15 años salieron a jugar fútbol en el violento puerto de Guayaquil antes de ser detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
En la víspera de Navidad sus cuerpos aparecieron incinerados con disparos en la cabeza y signos de tortura.
Un tribunal de Guayaquil sentencia a los once miembros de la FAE a 34 años y 8 meses de cárcel por ser los autores directos del delito de desaparición forzada, indicó la Fiscalía.
En una resolución de primera instancia, otros cinco agentes que cooperaron con la justicia fueron sentenciados a 30 meses de prisiónagregó la entidad acusada a través de la red social X. Otro de los uniformados procesados fue declarado inocente.
Tras el fallo, el gobierno expresó su compromiso con la no repetición de este tipo de hechos y de respetar los derechos humanos.
La sentencia “es un paso definitivo para la verdad y la justicia”, dijo en X la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien agregó que “nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que viole las normas o derechos, debe ser sancionado”.
El caso estremeció a Ecuador en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre crecientes abusos de las Fuerzas Armadas, que desde 2024 están desplegadas en las calles como parte de una política oficial de mano dura contra el narcotráfico.
Durante el juicio se divulgó un vídeo en el que se observa a uno de los militares golpear con su fusil a uno de los menores. También se reveló que otro agente disparó a unos 80 centímetros de la cabeza de uno de los detenidos.
A lo largo del juicio, Amnistía Internacional señaló que “las Fuerzas Armadas se han resistido a reconocer su responsabilidad”.
Por pedido de la justicia, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció en enero disculpas públicas.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de una cincuentena de personas desde 2023, cuando comenzó el mandato del presidente del país, Daniel Noboa.
