Ciudad de Panamá, Panamá/Organizaciones ambientalistas denunciaron un “ataque sin precedentes” contra la defensa del patrimonio natural y la participación ciudadana, tras el secuestro preventivo de cuentas bancarias, activos y fincas vinculadas a su trabajo de conservaciónmedida solicitada por la empresa promotora del proyecto puerto barúen la provincia de Chiriquí.
Así lo advirtieron representantes del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y de la organización Adopta Bosquequienes explicaron que la acción legal se enmarca en un proceso civil de aislamiento preventivoel cual no constituye una condena ni una sanción judicial, pero que ha derivado en la congelación total de sus cuentas y activos, afectando gravemente su operatividad.
Lilian Guevara, del CIAMindicó que las organizaciones se enteraron de la medida a través de los bancos, sin haber sido notificadas formalmente por un tribunal. Detalló que el secuestro fue solicitado por la empresa Servicios financieros del océano Pacíficovinculado al proyecto Puerto Barúy que la medida permite asegurar activos ante una eventual demanda civil futura.
Guevara señaló que esta es la primera vez que se aplica una acción de este tipo contra organizaciones no gubernamentales ambientales en Panamá, y recordó que previamente CIAM y Adopta Bosque ya habían enfrentado querellas penales que consideran parte de un litigio estratégico contra la participación ciudadana (SLAPP), procesos que, según indicó, no han tenido mayores avances.
Por su parte, Chelina Batista, directora de Ciencias de Adopta Bosqueexplicó que la medida también incluye el secuestro de cuatro fincas bajo protección y administración de la organización, tres ubicadas en Darién y una en Chiriquíque en conjunto abarcan más de 200 hectáreas de bosque. Estas áreas, precisamente, son zonas de conservación voluntaria reconocidas por su alto valor biológico y sostenidas mediante fondos internacionales y donaciones.
Batista advirtió que el secuestro de las fincas y el congelamiento de las cuentas coloca a la organización en una situación de “incertidumbre total”, dificultando el pago de planillas, servicios básicos y la continuidad de la protección de estos ecosistemas, algunos de los cuales no cuentan con una categoría formal de parque nacional.
Ambos representantes coincidieron en que la medida representa una forma de “asfixia financiera” que pone en riesgo el trabajo de conservación y limita la libertad de expresión y la participación pública en asuntos ambientales.
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Sobre el trasfondo del conflicto, Guevara recordó que varias organizaciones ambientales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra el acto administrativo que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú, al considerar que no evalúa adecuadamente los impactos reales sobre los manglares de la zona de David.
Como parte de este proceso, las organizaciones encargaron estudios técnicos a una firma internacional independiente para sustentar científicamente sus objeciones. Batista detalló que estos análisis identifican impactos significativos sobre manglares, arrecifes de coral y pastos marinos, ecosistemas protegidos por la Ley 304 de 2022, y advirtió que más de 30 mil metros cuadrados de manglar podrían verse afectados por el desarrollo portuario.
Según explicó, el EIA presentado por el proyecto no ofrece suficientes garantías científicas sobre los efectos en la hidrodinámica, la sedimentación y la hidrología del área, ni asegura que los impactos no sean negativos, significativos y permanentes.
Las organizaciones señalaron que el caso se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia y afirmaron que esperarán el fallo del máximo tribunal, insistiendo en que su campaña se ha basado exclusivamente en información técnica y científica, sin ataques personales ni señalamientos directos contra la empresa promotora.
