Se puso de moda el término “modernización laboral”. Primero lo acuñaron en Argentina, país en el que el Congreso aprobó el viernes 27 de febrero la denominada “Ley de modernización laboral” que, pese a encontrar resistencia en los sindicatos obreros, tuvo luz verde y preparó el terreno para flexibilizar las contrataciones, las indemnizaciones y alargar la jornada a 12 horas, entre otras cosas.
El país vecino no plasmaba cambios en su legislación laboral desde 1974. Lo hizo en estos días, bajo el cobijo del gobierno del libertario Javier Milei. Sucedió en medio de agitación en las calles protagonizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), distintos gremios y movimientos sociales de izquierda que repudiaron la reforma y ahora apostarán por la lucha judicial para frenar aquello que fue inminente en el Parlamento.
En México también hubo novedades. El Pleno del Congreso aprobó, el martes 24, una normativa de enmienda constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum que redujo la semana laboral de 48 a 40 horas. La disminución va a ser aplicada de forma paulatina desde el año siguiente.
Además, la reforma aumenta las horas extras de 9 a 12 a la semana, considerando también una compensación del 200% del sueldo si ese rango se ve superado, conforme a lo citado por el medio El Economista, de España.
Lejos de provocar rechazo en la clase trabajadora, la iniciativa fue recibida con festejos. “La semana laboral de 48 horas ha estado en la legislación mexicana por 106 años. Ya era tiempo de que eso cambiara”, ha expresado el coordinador sindical mexicano Pedro Haces.
Y la receta de la “modernización laboral” ya suena también en Bolivia. El empresariado y el Gobierno de Rodrigo Paz son quienes impulsan ese escenario. De hecho, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, incluso da por descontado que esa “modernización” se va a consolidar porque entiende que la Ley General del Trabajo (LGT) necesita ser actualizada. Habló de un equipo integrado por tres partes.
“La comisión tripartita estará compuesta por los trabajadores, por el sector empresarial y, obviamente, nosotros, como Gobierno, vamos a participar de ese trabajo”, se aventuró a confirmar.
Partamos por explicar que los cambios en la normativa laboral boliviana son promovidos por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), que le presentó el denominado Proyecto de ley general del trabajo – modernización y desarrollo productivo al ministro Morales.
De acuerdo con el titular de la FEPC, Juan Pablo Demeure, se trata de la “base” para nada cerrada de la iniciativa para comenzar a perfilar los cambios, pues “empresarios y trabajadores deben ir de la mano”.
Para Demeure, la Ley General del Trabajo vigente se encuentra “obsoleta” y no toma en cuenta, por ejemplo, las actuales formas de trabajo, por lo que cree necesaria la actualización.
“Ya basta de que se sigan tomando decisiones sin los empresarios. Eso no es sano. Nos ha llevado a una mayor informalización, cierre de empresas en los últimos años y una situación que ya es insostenible”, lanzó la queja, en nota con la estatal Bolivia TV.
El “alto proteccionismo” al trabajador en lugar de ayudarlo, lo perjudicó, en el sentido de que la tasa del trabajo formal ha disminuido en un 15 o 20% en comparación con la radiografía de hace 20 años, conforme al cálculo del empresario.
Esa es la idea que planteó Demeure, que, de paso, descartó que el proyecto normativo pretende eliminar los derechos adquiridos de la clase obrera.
¿Qué dice la nueva iniciativa? La página de Facebook de la Central de Noticias Obreras Cochabamba ha desglosado la propuesta, que le atribuyó al sector empresarial.
De acuerdo con el documento, que presuntamente correspondería a la FEPC, el proyecto se rige en términos de productividad y cuestiona la finalidad protectora que envuelve a la Ley General del Trabajo vigente en Bolivia, pues argumenta que no suele responder a la diversidad productiva, a los ciclos económicos ni las nuevas formas de organización del trabajo.
En dicho sentido, fórmula sumar una “flexibilidad regulada” que diferencia de la precarización. Plantea que la estabilidad laboral no sea “absoluta”, que tenga compatibilidad con la productividad creciente, y que las desvinculaciones se sustenten también bajo causales objetivas.
En esa línea, el artículo 27 correspondiente al Capítulo II, de las Causas de Terminación (Título II, De la estabilidad laboral y la terminación de la relación de trabajo), estipula las causales objetivas, económicas, técnicas u organizativas.
El artículo 29, por su lado, desglosa que las causales objetivas son: disminución sostenida y verificable de la actividad productiva, reorganización técnica o estructural debidamente justificada; Innovación tecnológica que modifica la estructura del empleo, cierre parcial o total de unidades productivas y, por último, la supresión del puesto de trabajo por razones organizativas o de producción.
El impulso al trabajo juvenil también merece un apartado. De acuerdo con el bosquejo, el artículo 38, llamado Mi primer empleo o empleo juvenil, perteneciente al Capítulo II, del Incentivo a la Contratación Formal (Título II, De la promoción y generación de empleo), se refiere a que se promoverán programas especiales de inserción laboral juvenil. En dicho caso, por ejemplo, habría “beneficios proporcionales y progresivos”, entre otras cosas.
LA COB Y FABRILES, EN ALERTA
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba le cerraron la puerta a cualquier diálogo o negociación que pretenda “modernizar” la LGT.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, considera que el Gobierno pretendería “atentar” contra las conquistas sociales. “Sabemos la línea que tiene ya quién obedece (Rodrigo Paz). Sería equívoco que podamos analizar, ni siquiera revisar la Ley General del Trabajo porque en vez de mejorar, vamos a tratar de implementar que vayan en favor del empresariado y no así del sector obrero. Que nos sentemos y revisamos la Ley General del Trabajo seria lapidario para el sector proletario del país. Estamos bien firmes. No vamos a permitir que se llegue a modernizar la Ley General del Trabajo”, avisó, Trabajo en entrevista con La Razón.
Los fabriles, por su parte, mediante un comunicado, decidieron “sepultar” cualquier chance de negociación para dar vía a cambios en la legislación laboral. Se declararon en “apronte fabril”, pues ven -según el escrito- un “oscurantismo laboral e inmoralidad empresarial”. La figura de salarios sujetos a productividad es rechazada.
En un ampliado departamental, el sector se declaró en estado de emergencia permanente y movilización, e instruyó a su Comité Ejecutivo que coordina acciones con la Central Obrera Departamental (COD), la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia y la COB para “preparar medidas de presión escalonadas, incluyendo movilizaciones, marchas, paros y huelga general” en caso de que avance el proyecto.
