Ciudad de Panamá/Las rebajas de pena que otorgará el Ejecutivo unas 484 personas privadas de libertad, incluyendo personas condenadas por delitos contra la administración públicacomo enriquecimiento injustificado y estafa agravadasigue siendo motivo de cuestionamiento.
Para el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA) y abogado, Ernesto Cedeño, la medida, aunque permitida por la Constitución, evidencia una contradiccion politica y moral del Gobierno frente a su discurso contra la corrupción, específicamente lo criticado por el presidente José Raúl Mulino.
Cedeño sostuvo que el sistema de justicia panameño atraviesa una crisis profundaal punto de describirlo como en “cuidado intensivo”, señalando fallas estructurales tanto en el Ministerio Público como en los órganos encargados de la administración de justicia. A su juicio, el Ejecutivo cuestiona públicamente a jueces y fiscales, pero al mismo tiempo termina beneficiando a personas condenadaslo que mina la credibilidad institucional.
De acuerdo con Cedeño, se trata de un “asunto de moralidad”.
“Si usted está cuestionando al sistema de administración de justicia y normas jurídicas y están motivando al Ejecutivo a legislar de lo que usted va a presentar, oiga, entonces primero, acláranos quiénes van a ser los beneficiarios. Y a mi juicio nadie debería ser beneficiado. Usted cometió un ilícito, cumpla hasta el último día en una cárcel pública, pero al parecer no va a ser así”, cuestionó.
El diputado recordó que la rebaja de pena es una facultad constitucional del presidentecontemplada en el artículo 184, pero advirtió que la falta de información sobre los delitos cometidos por los beneficiarios representa una grave falta de transparencia. Según indicado, el listado divulgado no especifica los tipos penaleslo que impide a la ciudadanía conocer quiénes reciben el beneficio y bajo qué criterios.
Para Cedeño, esta ausencia de información constituye una falta de rendición de cuentasespecialmente cuando se trata de personas con sentencias firmes por delitos que afectarán fondos públicos.
El diputado también cuestionó el papel de la Procuraduría General de la Nación y reiteró la necesidad de nombramientos por mérito dentro de la carrera fiscal, al considerar que las designaciones discrecionales favorecen errores que terminan costándole al Estado procesos clave en casos de corrupcion.
Demolición del monumento
En otro tema, Cedeño abordó la demolición del monumento a la comunidad china en el mirador del puente de las américasseñalando que, desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo no tiene potestad para ordenar su reconstrucciónya que la administración del área corresponde al municipio. Indicó que cualquier decisión debe respetar la autonomía municipalcontar con permisos legales, presupuesto definido y participación ciudadanatal como lo establece la ley.
“El presidente no tiene potestad para ordenar a un municipio hacer nada”, afirmó, al tiempo que cuestionó la rapidez con la que avanzaba la investigación penal en este caso, contrastándola con otros procesos que permanecen estancados.
Cedeño insistió en que el Gobierno debe predicar con el ejemploespecialmente de cara al próximo mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional el próximo 2 de enero.
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