La justicia de Venezuela rechazó el martes otorgar amnistía al reconocido activista Javier Tarazona, que recibió libertad condicional el 1 de febrero tras pasar cuatro años en prisión acusado de “terrorismo” y “traición”.
La histórica ley de amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez al asumir el poder tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en enero.
“Nuestra solicitud de sobreseimiento amparados en la ley de amnistía no ha sido otorgada”, dijo Tarazona a periodistas a las afueras de los tribunales, en Caracas.
La amnistía no es automática -debe ser tramitada ante un tribunal- y oenegés la califican de excluyente. Aunque abarca los 27 años del chavismo, limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de supuestos golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.
“Una negativa administrativa no borra una verdad ética ni detiene nuestra voluntad”, añadió. “Anunciamos con serenidad y con firmeza que no nos retiramos, no nos vamos. Iniciamos de inmediato el proceso de apelación”.
Tarazona era director de la ONG Fundaredes cuando fue detenido en julio de 2021, acusado también de “incitación al odio”.
Fue de las pocas voces que se atrevió a acusar al gobierno de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela, y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrilleras en la frontera colombovenezolana.
“Mi secuestro durante cuatro años y siete meses pretendía tapar una realidad, pretendía silenciar una realidad, desconocer una realidad”, indicó el activista de 43 años, que estuvo detenido en El Helicoide, la temida cárcel venezolana señalada como centro de torturas.
Rodríguez ordenó su cierre, que aún no se materializó, y llamó a una reforma del sistema judicial.
“Es necesario superar la judicialización, la intimidación y la política del miedo”, añadió Tarazona.
Un total de 260 personas salieron de prisión en Venezuela a través de la ley de amnistía y otras 7.800 que tenían medidas cautelares como Tarazona recibieron libertad plena, según el último balance del 20 de marzo del diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la aplicación de la normativa.
Otro reconocido dirigente que vio rechazada su solicitud de amnistía fue Perkins Rocha, asesor legal de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
La ONG Foro Penal denuncia que unos 500 presos políticos permanecen aún tras las rejas en Venezuela.
