Ecuador avanza en la segunda fase de su plan de seguridad para enfrentar al crimen organizado, con el apoyo de Estados Unidos. Las acciones se concentran en la destrucción de zonas de minería ilegal y campamentos de grupos delictivos, como Comandos de la Frontera.
Estas operaciones son necesarias en un contexto en el que el país enfrenta delitos cada vez más complejos, desde el narcotráfico hasta los sicariatos y robos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.
Trabajar en programas sociales para apoyar a los niños y evitar que sean reclutados es una tarea urgente y necesaria en la lucha contra el crimen organizado.
Reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales es un paso importante. Golpear sus centros de actividad, decomisar equipos o desmantelar redes logísticas envía un mensaje de control estatal en territorios donde el poder público se debilitó durante años. La cooperación internacional también aporta herramientas tecnológicas, inteligencia y experiencia en la lucha contra organizaciones transnacionales.
Sin embargo, la experiencia regional muestra que luna estrategia centrada únicamente en la seguridad difícilmente logra resultados sostenibles. Allí donde persiste la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos, los grupos criminales encuentran un terreno fértil para expandirse. La ausencia del Estado en educación, salud, infraestructura o empleo termina creando vacíos que son ocupados por economías ilegales.
Las propias autoridades advierten que niños, adolescentes y adultos son reclutados para vender drogas, transportar insumos o integrarse a las redes delictivas.
Para muchas familias en zonas vulnerables, estas actividades aparecen como una alternativa frente a la falta de oportunidades. No se trata de justificar el delito, sino de comprender el contexto que facilita su reproducción.
Un informe de la Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada por el Ministerio del Interior en enero de 2025, revela que los menores de edad ya no son solo un blanco fácil de las organizaciones criminales a través del reclutamiento forzado; Hay otras dinámicas.
El reclutamiento se da, incluso, en los planteles educativos del país. Algunos ingresan a los grupos de delincuencia organizados desde los 10 años. El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizados se consolida como una práctica sostenida. en distintos territorios del Ecuador. Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad.
Por ello, la política de seguridad debe acompañarse de una estrategia social integral. Programas de educación, formación técnica, acceso a empleo, servicios de salud y presencia institucional sostenida pueden reducir la capacidad de los grupos criminales para captar nuevos integrantes.
En paralelo, el fortalecimiento de las economías legales en territorios afectados por la minería ilegal o el narcotráfico es una condición clave para ofrecer opciones reales a la población.
La cooperación con Estados Unidos puede desempeñar un papel relevante no solo en el ámbito de la seguridad, sino también en iniciativas de desarrollo social y fortalecimiento institucional. La lucha contra el crimen organizado requiere una visión amplia que combine control, prevención y oportunidades.
Combatir a las estructuras criminales es indispensable. Pero evitar que nuevos ciudadanos sean atraídos por ellas es, a largo plazo, una tarea igual de urgente. Solo una estrategia que integre seguridad y desarrollo social podrá reducir de manera sostenida la influencia del crimen organizado en el país.
