La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes una nueva propuesta de reforma electoral enfocada en reducir los “privilegios” de la burocracia política, que incluye limitar las remuneraciones de dirigentes partidarios y funcionarios electorales.
La propuesta, bautizada por la mandataria como “plan B”, llega una semana después de que el Congreso rechazó su primera reforma electoral. Esa versión buscaba reducir el presupuesto de los partidos y quitarles el poder de seleccionar a dedo a sus candidatos parlamentarios, lo que requería modificar la Constitución.
La iniciativa fracasó porque ni siquiera sus propios aliados en el Congreso -los partidos Verde (PVEM) y del Trabajo (PT)- la apoyaron, lo que impidió que Sheinbaum reuniera la mayoría calificada de dos tercios del total de congresistas necesarios para reformar la carta magna.
El nuevo plan evita ese obstáculo pues modifica leyes constitucionales que no afectan los intereses del PT y el PVEM, quienes ya anticiparon su apoyo, y leyes secundarias, que no requieren mayoría calificada. El proyecto será enviado este martes al Senado, informó Sheinbaum.
Los cambios incluyen poner topes a las remuneraciones de los jefes partidarios, que no podrán ganar más que la presidenta, y medidas para transparentar esos salarios. También propone fiscalizar con mayor rigor el origen de los recursos en campañas políticas.
En esa línea, plantea formalizar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda para investigar aportes sospechosos.
Plantea además topes salariales y recorte de prestaciones para los máximos dirigentes y altos funcionarios del INE, la autoridad electoral mexicana, y para miembros de los tribunales electorales. También propone reducir progresivamente en 15% el presupuesto del Senado.
“Ese es el plan B y como presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos”, sostuvo Sheinbaum en su rueda de prensa matinal.
La reforma apunta también a disminuir el tamaño y el gasto de la burocracia de representación.
Para ello, propone recortar el número de regidurías (personas encargadas de representar a la ciudadanía en un ayuntamiento) y poner tope presupuestal a los Congresos estatales, el cual no podrá ser mayor al 0,7% del presupuesto de cada estado.
También plantea ampliar el plazo durante el cual los ciudadanos pueden solicitar un referéndum de revocación de mandato del presidente de turno o de los gobernadores, figura instaurada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
