El informe defensorial sobre la aplicación de la Ley 348 revela que apenas el 5,7% de las denuncias por violencia en razón de género termina con sentencia.
Para el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, estos datos muestran “claramente una brecha entre la denuncia y la respuesta efectiva que el Estado proporciona”.
El defensor detalló que el 61% de las denuncias por violencia de género son rechazadas y que el 58% de las denuncias con acusación fiscal todavía no tienen sentencia.
Además, afirmó que el informe evidencia “grandes deficiencias” y advirtió que los recursos del Estado para la prevención de la violencia son “insuficientes”, representando apenas el 8% del total destinado a la lucha contra la violencia de género.
“Sin prevención se sobrecarga el sistema penal”, señaló.
También identificó problemas críticos en los servicios de atención en salud, como la aplicación irregular de protocolos para víctimas de violencia sexual, la atención psicológica limitada, la demora en la emisión de certificaciones forenses y una coordinación “deficiente” entre el Ministerio Público, la Policía y el sector salud.
