El video viral de dos autobuses que se correteaban en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Wilson no fue un hecho aislado ni una simple imprudencia. Fue una escena que volvió a desnudar un problema estructural en Quito: la débil cultura de seguridad vial en el transporte público y también en la conducción privada.
En las imágenes se observa que las unidades invadir el parterre central, circular por carriles contrarios y omitir la señalización. Más allá del debate jurídico sobre si la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) puede sancionar solo con un video —y la respuesta es que no, porque la ley exige flagrancia— el fondo del problema no está en la sanción, sino en la conducta.
Según la AMT, en lo que va de 2026 se han emitido 694 boletas de citación a unidades de transporte público por distintas infracciones. La cifra es reveladora, pero no sorprendente. Durante décadas, los correteos entre autobuses, la disputa por pasajeros y la superposición de rutas han sido parte de una práctica tolerada y, en muchos casos, normalizada.
Los conductores de autobuses transportan decenas de personas en cada recorrido. Tienen bajo su responsabilidad vidas humanas. Además, comparte la vía con peatones, ciclistas, motociclistas y conductores particulares, actores aún más vulnerables. Cada maniobra imprudente multiplica el riesgo.
El caso reciente fue sancionado por un siniestro en flagrancia —artículo 387 del Código Orgánico Integral Penal— y posteriormente por no respetar la señalización —artículo 389 del mismo cuerpo legal—, no por el video en sí. El detalle jurídico es importante, pero no cambia la esencia: nada de esto debería ocurrir si existe una cultura sólida de responsabilidad vial.
El problema no es nuevo. Tampoco es exclusivo de los autobuses. Conductores particulares protagonizan a diario maniobras similares: invasión de carriles, irrespeto a semáforos, giros indebidos, uso imprudente de motocicletas. Las redes sociales exhiben escenas que se repiten con preocupante frecuencia.
Sin embargo, el transporte público tiene una dimensión distinta. No solo porque moviliza millas de pasajeros cada día, sino porque su operación responde a estructuras empresariales y cooperativas que deben incorporar estándares técnicos más rigurosos de control, capacitación y monitoreo.
Los correteos se explican, en parte, por rutas sobrepuestas y competencia por pasajeros, especialmente en horas valle. Esa dinámica es consecuencia de decisiones políticas acumuladas durante años, en las que la tarifa fue moneda de negociación y no necesariamente el resultado de un modelo técnico integral de movilidad.
Mientras no se reordenen rutas, frecuencias y esquemas de control bajo criterios técnicos, el incentivo perverso seguirá presente. El conductor compite. Y cuando compite, arriesga.
También es cierto que la autoridad no puede reaccionar solo después del hecho consumado. La prevención debe ser constante. La fiscalización no puede depender de un vídeo viral. La cultura de seguridad vial se construye con formación, supervisión efectiva, sanción proporcional y, sobre todo, coherencia institucional.
El debate sobre permitir que fotos y videos ciudadanos sirvan como evidencia —proyecto que espera primer debate en el Concejo Metropolitano— abre otra discusión necesaria: cómo equilibrar garantías jurídicas con mecanismos eficaces de control. Pero ninguna ordenanza sustituirá la responsabilidad individual.
La seguridad vial no es un tema de multas. Es un tema de conciencia. De entender que un bus no es solo una unidad que cumple una frecuencia; es un vehículo que transporta vidas. Que una maniobra imprudente no es una astucia para ganar pasajeros; es una amenaza para toda la ciudad.
Fortalecer al Estado y sus instituciones es parte de la respuesta. Pero también lo es exigir a cooperativas, empresas y conductores una actualización profunda de su cultura de seguridad vial. Y lo es, igualmente, asumir que quienes conducen autos particulares no están exentos de esa obligación.
La movilidad urbana no puede seguir siendo un espacio de competencia desordenada. Es un sistema. Y como sistema exige reglas claras, aplicación técnica y responsabilidad compartida.
La pregunta no es si la AMT puede sancionar con un vídeo. La pregunta es cuánto tiempo más se tolerará que la imprudencia sea parte del paisaje cotidiano.
