Desde el 1 de febrero de 2026 entraron en vigor la Tasa de Seguridad aplicada por el Gobierno ecuatoriano y el arancel colombiano. Ambos del 30% para las importaciones.
En el puente internacional de Rumichaca se evidenciaron los primeros efectos de esta disputa arancelaria entre Ecuador y Colombia.
Los transportistas de ambos lados de la frontera anunciaron una protesta conjunta, que la denominaron la Marcha por la Dignidad Fronteriza. Ellos reclaman que este cambio complica un sistema que fluía y que se acostumbró al libre comercio amparado en la Comunidad Andina.
El pedido de diálogo no solo se realiza en la frontera sino también entre los gremios industriales y exportadores. Ecuador compra cerca de 1 990 millones de dólares al año a Colombia. De esa cantidad, el 60% corresponde a maquinaria, materias primas e insumos.
Transportistas y empresarios coinciden que una tasa y un arancel del 30%, independientemente del lado del puente, encarece los costos de producción y puede filtrarse a precios internos, márgenes industriales y empleo.
Ecuador exporta unos 950 millones de dólares en atún, pescado, madera, bienes industriales… Con el 30% de arancel colombiano, esos productos pierden competitividad y deben buscar nuevos mercados.
Una vez que estos límites estén vigentes, se presentan tres escenarios. el primero es el escalamiento. Más recargas arancelarias, más represalias en energía, transporte de petróleo, logística y una frontera donde el contrabando se vuelve “una opción” para sobrevivir, afectando a la recaudación y formalidad.
El segundo es el desescalamiento pragmático.. Abrir una mesa técnica que diseñe gradualidades, excepciones para insumos críticos y mecanismos verificables de cooperación fronteriza.
No se trata de ceder, sino de evitar que la factura la paguen las cadenas productivas, ciudades de la frontera y el empleo.
El tercer escenario es un congelamiento tenso. Que el 30% se normalice por semanas. Es el peor de las opciones, porque convierte la incertidumbre en costo permanente y empuja decisiones que frenarán las inversiones.
Los gobiernos de ecuador y colombia deben dialogar para que cada uno encuentre una solución a sus demandas y una salida para que -otra vez- fluya el libre comercio binacional.
