El caso de Pepe Tola, actor y exchico reality ecuatoriano, ha vuelto a encender el debate sobre el sistema judicial en el país. La reciente ratificación de su sentencia por la Corte Nacional de Justicia a 16 años de prisión —por un delito que su defensa insiste es inocente— reactivó un expediente que lleva más de una década en la atención pública y mediática.
La historia judicial de Tola comenzó en 2014, cuando se presentó la denuncia por violación a una menor en Guayaquil. Esto daría lugar a un largo recorrido de audiencias, apelaciones, recursos y resoluciones. A lo largo de estos años, el proceso ha enfrentado varios cuestionamientos, interpretaciones jurídicas, supuestas injusticias y para aumentar la tensión, Pepe se encuentra prófugo desde más de 5 años.
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La sentencia, emitida originalmente en 2014, lo declara culpable de la violación de una menor de 13 años y establece 16 años de prisión, además del pago de 25.000 dólares de indemnización. El fallo quedó en firme luego de que la Corte Nacional de Justicia concluyera, tras reinstalar la audiencia de casación el 4 de diciembre, que no existieron fallas procesales, por lo que ratificaron su sentencia.
Tras la última resolución judicial, la familia del actor tomó un rol más activo en la defensa pública de su versión. Su hermana, Verónica Tola, abrió una cuenta en TikTok desde la cual ha difundido vídeos y ha revelado declaraciones que, según afirma, sostienen la inocencia de Pepe. Esto ha generado reacciones divididas: mientras unos creen que eso ayuda a visibilizar la verdad de Pepe, otros piensan que la justicia actuó como debía y que ya no hay nada más que hacer.
En redes sociales, el tema también ha generado polarización. Un sector expresa solidaridad con la familia del actorquien fue una figura conocida en realities juveniles y producciones televisivas. Otros recalcan que las decisiones judiciales deben respetarse y que los debates digitales no pueden reemplazar la evidencia presentada en los tribunales.
Una opinión legal sobre el tema.
el abogado Lenin Duque sobre este tema dijo: “Sí, este caso puso a prueba a la justicia ecuatoriana, y no solo por lo jurídico, sino por lo mediático, emocional y social que resultó. Cuando un proceso se vuelve tan viral, la justicia enfrenta tres presiones al mismo tiempo: La presión mediática, la social donde la opinión pública juzga desde las redes y la presión institucional, que consiste en demostrar que puede decidir según la ley, incluso cuando la mayoría quiere otra cosa”.
Agregó que: “El tema puede ser perceptivo desde el lado de donde se encuentre la gente, para los que apoyan a la chica se hizo justicia, mientras para los que apoyan al señor Tola todo es injusto. La opinión pública trabaja desde los fragmentos o relatos parciales que les llega, sin embargo, la justicia trabaja con el expediente completo”.
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