El académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago Humberto Verdejo cuestionó en cooperativa la propuesta anunciada por el Gobierno para saldar la deuda que mantienen los clientes con las empresas distribuidoras eléctricasadvirtió “problemas, debilidades y distorsiones” en la iniciativa.
El experto explicó que la deuda (estimada en torno a los 850 millones de dólares) se originó por la implementación tardía de una ley aprobado durante el estallido social de 2019, que modificó la rentabilidad de las distribuidoras, componente que representa cerca del 20% de la tarifa eléctrica.
Esa norma Demoró 43 meses en aplicarperiodo en el que se siguió cobrando un valor antiguo, generando una deuda a favor de las empresas.
Verdejo subrayó que esta situación es distinta a los sobrecobros por generación y transmisión abordados el año pasado, y que “involucra tanto a clientes regulados como a grandes consumidores” como empresas y comercios, cuyos montos adeudados son significativamente mayores.
Respecto a la propuesta del Ejecutivo (que plantea un cargo mensual uniforme de 1,450 pesos por 48 meses para los clientes regulados) el académico sostenido que “socializar” la deuda resulta problemático, ya que los montos adeudados son individuales y muy dispares.
“Hay medidores que deben 200 mil pesos y otros que deben millones. Con este mecanismo, usuarios de bajo consumo terminan pagando parte de la deuda de grandes usuarios“, advirtió.
Si bien el proyecto contempla que el 40% más vulnerables del Registro Social de Hogares Quede exento del pago, Verdejo cuestionó que el Estado debía asumir parte de la deuda de privados con alta capacidad financiera.
“No es correcto que con recursos públicos se termine financiando la deuda de grandes clientes como supermercados, farmacias o centros comerciales“, afirmó.
“No es una buena política pública”
El académico recordó además que, según lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a partir del 1 de abril las empresas distribuidoras podrán cobrar las deudas de manera individual, prorrateadas en un plazo de 48 meseslo que, a su juicio, entrega un marco claro y vigente para la recuperación de esos recursos.
En ese sentido, pareció que lo anunciado el lunes por el ministro Álvaro García, “No es una buena política pública” y anticipó que se abriría la iniciativa “un debate tremendo en el Congreso”debido a sus efectos sobre la clase media y al uso de recursos fiscales para cubrir deudas privadas.
Como alternativa, Verdejo planteó que el pago de la deuda debía realizar “mediante un cargo asociado al consumo eléctricode modo que quienes consumen más aporten más, y quienes consumen menos enfrenten un impacto menor”, especialmente en zonas rurales.
Finalmente, advirtió que la recuperación de estos recursos es clave para que las distribuidoras (en particular las cooperativas más pequeñas) may invertir en la red de distribuciónun segmento del sistema eléctrico que, recordó, “es el menos reformado y el que presenta mayores falencias ante cortes de suministro y eventos climáticos”.
