En 2026, las llamadas de spam y las que realizan estafadores o ciberdelincuentes Todavía están a la orden del día. No obstante, las operadoras acaban de presentar una posible solución que, eso sí, necesitará de la colaboración del Gobierno.
Hay pocas cosas que preocupan tanto a los ciudadanos españoles como las llamadas no deseadas que reciben en sus móviles, especialmente aquellas que tienen malas intenciones. Las operadoras lo saben bien y han solicitado al Gobierno que colabore con sus aviones.
Acabar con las órdenes judiciales
Hasta ahora, las operadoras están haciendo lo que pueden, pero se encuentran con limitaciones. aunque los usuarios son los que más sufrena las empresas de telecomunicaciones tampoco les gusta que se hagan tantos intentos de estafa en su nombre. Esto se puede apreciar de forma habitual en las redes sociales, donde muchas personas se quejan y dan parte de intentos de estafa en los que dicen haber hecho pasar por Digi, Vodafone, Orange, Movistar o cualquier otra operadora.
Debido a ello, a través de DigitalES, representante de las entidades de telecomunicacionesse han aliado con otro grupo afectado, el de los bancos, para hablar seriamente con el Gobierno. Lo que quieren es que el Estado cambie la regulación existente a día de hoy para que sea más flexible y les proporcione la capacidad de actuar sin necesidad de tener una orden judicial.
Gracias a ello, las operadoras tendrían la posibilidad de hacer bloqueos de números de teléfono e intervenirlos sin tener que pasar por el largo proceso de solicitar una orden judicial. Si se piensa en aumentar la efectividad de este tipo de trabajo, el cambio en la regulación sería lo que podría marcar la diferencia.
Un cambio normativo desafiante
DigitalES ha colaborado con tres entidades representativas del sector financiero: AEB, Unacc y CECA, con la intención de presentar su estrategia en la Brigada Antifraude. Esta brigada está gestionada por el Ministerio de Economía y se encuentra formada por algunos de los grupos y entidades más importantes de la lucha contra los delitos de los cibercriminales.
Si bien la base de la petición tiene sentido, lo que se encuentran ante sí es la necesidad de introducir una modificación normativa que posiblemente resultará complejo. Al fin y al cabo, significaría que se introdujera un nuevo mecanismo que permitiera agilizar los procesos sin que la figura del juez estuviera de por medio.
Lo que necesitan las operadoras es poder compartir con rapidez la información de las llamadas fraudulentas con las fuerzas de seguridad, así como los datos de los propietarios de los números de teléfono. Además, también quieren tener capacidad para intervenir las líneas y que, de esta manera, pueda ponerse freno con rapidez a cada estafa. El problema es que, bajo la ley vigente, estos datos no se pueden compartir si no hay una orden judicial para cada una de las peticiones. Esto ralentiza los procesos y dificulta que se pueda actuar rápidamente en todos los casos.
La propuesta que se pone sobre la mesa sería que se introduzca un organismo que reúne todas las alertas de fraude que se obtendrán telefónicamente. Una vez detectadas, estas llamadas permitirían que las operadoras hicieran el bloqueo instantáneo de los números. En este sentido, quieren contar con el Incibe para que se ocupe de todo el proceso con rapidez.
este plan Sería combinar con otras iniciativas. que ya se han puesto en marcha que han ayudado a que las operadoras hayan bloqueado 6 millones de mensajes SMS de estafa y 140 millones de llamadas. Aunque se está avanzando para proteger a los ciudadanos en todos los casos, todavía necesitan que introduzcan cambios que les faciliten adoptar estas medidas.
En añadido a esto, en marzon comenzarán las pruebas del cortafuegos de SMS que identificará a empresas y entidades cuando manden mensajes. Todos los negocios tendrán un alias identificativo y, de esta manera, los usuarios sabrán, al recibir el mensaje, que se trata de una comunicación real y no de un intento de estafa. La previsión es que este sistema llegue a lanzarse de manera global en todo el país después de verano, por lo que el año 2026 podría terminar con una cantidad sensiblemente inferior de intentos de estafa.
